La lengua nacional y las corporaciones

Texto de Nicolás Vilela

A partir del conflicto por las retenciones agropecuarias en 2008, quedó totalmente evidenciado el papel desestabilizante, paraestatal y monopólico de las corporaciones empresarias. Se entendió que cada esfera de la vida social, desde el Estado hasta los medios de comunicación, es un frente de batalla abierto donde esas empresas manifiestan sus intereses privados. Se entendió también que todas las esferas están interrelacionadas y que en cada una de ellas intervienen tácticas distintas: lo que tienen en común una corrida bancaria y un episodio de censura en la prensa cultural es que las dos acciones convergen en la misma estrategia corporativa.

En esta época de “sintonía fina” y de “profundización”, es necesario iluminar otro frente de batalla central pero hasta ahora intocado. Se trata de la relación entre las corporaciones transnacionales y la lengua que hablamos y escribimos todos los días. ?Qué tienen que ver? Mucho. Pensemos en un manual escolar. A primera vista parece lo más simple e inocente del mundo. Tenemos textos didácticos, consignas y dibujitos. Yo amo, tú amas, él ama... Pero no, en realidad faltan decir varias cosas: 1. la lengua escrita de esos manuales está regulada, en general, por las Academias latinoamericanas. 2. esas Academias dependen de la Real Academia Española, cuyo objetivo principal es reprimir las variaciones idiomáticas de cada país para fijar un “un español general”, o sea para lograr que la norma absoluta de nuestro idioma sea España. 3. al mismo tiempo, las editoriales argentinas que publican los manuales escolares y los materiales de la RAE pertenecen a grupos transnacionales de base española, por ejemplo el Grupo Planeta. 4. tanto la RAE como algunos de esos grupos editoriales tienen acuerdos o soporte financiero de bancos multinacionales (BBVA, Santander) o corporaciones dominantes (Repsol, Telefónica); 5. el Estado español destina 4 millones de euros anuales a la RAE y el presidente honorario de la Fundación Pro Rae es el Rey Juan Carlos I. Más información se puede consultar acá: http://addendaetcorrigenda.blogia.com/2011/092801-historia-de-las-finanzas-de-la-rae-y-de-su-venta-a-los-intereses-del-ibex35.php


La enorme infraestructura que va desde el Estado español y las empresas de capital concentrado hasta las Academias latinoamericanas y los manuales escolares es una red de control idiomático al servicio del mercado global. La lengua funciona como herramienta geopolítica de dominio, colonización y uniformación. Y la RAE es la máxima autoridad en nuestra lengua. Por lo tanto, en lugar de que el Estado argentino (promotor del sistema educativo nacional) encabece el proyecto uniformador de nuestra lengua, son las empresas transnacionales y sus grupos editoriales los que están encabezando esa uniformación a partir de un inexistente “español general”. Bajo el proyecto armónico de “unificar el idioma”, como siempre, se esconden intereses particulares que se quieren determinar como universales. “Unificar el idioma”, para España, implica quedarse con el monopolio editorial de las traducciones, el monopolio de las clases de español para extranjeros, el monopolio de la educación de los hispanoparlantes (que son alrededor de 450 millones repartidos en 22 países de todo el mundo), el monopolio general de la tercera lengua más hablada en el mundo y más usada en Internet y, en definitiva, el monopolio de sus empresas multinacionales en América.

Todo esto, como se ve, no es un problema teórico o una simpática discusión entre intelectuales, sino un problema básico y práctico de la sociedad argentina. La lengua castellana genera el 15 % del PIB de España. La publicación en lengua española, tal como lo afirmó el especialista Javier Celaya, es la próxima batalla digital y económica. No son cuestiones que sucedan en las bellas y quietas aguas de la cultura dominical. Lo muestra el reciente caso del periodista e investigador uruguayo Ricardo Soca, administrador del sitio digital www.elcastellano.org, que recibió, vía correo electrónico de un abogado del Grupo Planeta, una amenaza de proceso civil y penal por haber colgado avances de la trigésima edición del Diccionario de la RAE, que se publicará en 2014. Lo muestra una reciente entrevista del diario La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1441158-cont-el-idioma-espanol-tiene-una-detective ) a María Gabriela Pauer, una académica española que controla, avalada por la Academia Argentina de Letras, las desviaciones de la normativa hispánica en el lenguaje oral y escrito de los argentinos, y que, una vez detectado el error, lo envía a los medios de comunicación pertinentes, que suelen publicarlo en las “pastillas” de sus suplementos culturales. Lo muestra el ofrecimiento que el presidente y hasta el rey de España le hicieron a Mario Vargas Llosa -reconocido escritor, operador neoliberal y crítico del populismo latinoamericano- para que presidiera el Instituto Cervantes, mano derecha de la RAE en España y el mundo.


Como se sabe, el rey es rey porque sus súbditos lo tratan de esa manera. La consolidación de la RAE como autoridad máxima en nuestra lengua no es consecuencia de la solidez de sus aportes institucionales sino de la subordinación histórica de las Academias filipina y americanas a su manera liberal y regresiva de difundir el idioma. Es inútil seguir discutiendo con la RAE y sus apéndices la inclusión de un término perteneciente a los pueblos originarios de Jujuy. Es inútil escribir una carta de lectores al suplemento Ñ de Clarín para rebatir sus intentos colonizados de regulación lingüística. Lo que hace falta es trazar una agenda propia y acorde con las transformaciones de nuestra época. El Museo del Libro y de la Lengua, iniciativa que depende de la Biblioteca Nacional, es un ejemplo. Aunque con algunos desaciertos en cuanto a organicidad y facilidades de comprensión para el visitante ocasional, el Museo sirve para poner en primer plano la discusión acerca de la privatización de la lengua y para informarse acerca de los distintos usos idiomáticos de la población.


Durante los años 90, el discurso neoliberal y globalizante decía que el producto se volvía más rentable cuanto más homogéneo era el territorio al que iba destinado. En políticas de la lengua, esto implicó que se alentara, desde las Academias nacionales, el proyecto panhispánico de una lengua estándar que relegaba todas las variedades regionales. Hoy en día, y como resulta obvio, la actitud cultural de España es la misma, pero nuestro contexto cambió profundamente, de manera que la respuesta debería ser otra. El agotamiento del modelo neoliberal vuelve necesaria una reconfiguración de rol del Estado y la escuela como transmisores de los valores lingüísticos nacionales. Nuestro momento debe medirse, en este punto, con el del Segundo Plan Quinquenal (1952), cuando el gobierno de Perón decide que la variedad argentina de la lengua tiene que ser el aspecto central de las políticas gubernamentales. Hasta entonces, la norma era la esencia española común y lo marginal era la variedad argentina. A partir del Segundo Plan Quinquenal, es al revés: el objetivo se dirige a la configuración nacional de la lengua y a la intervención del Estado argentino en la producción de instrumentos lingüísticos para confrontar con la penetración ideológica de España. Nuestro momento es el que está reflejado en la consigna “La lengua es de todos, no de las corporaciones”, que encabeza el petitorio impulsado por Ricardo Soca para responder a las amenazas de la RAE (http://www.petitiononline.com/tarar1ra/petition.html). Nuestro momento está orientado a la pregunta por la soberanía y la respuesta se decide en cada una de las esferas de la vida social.